Lamela empezará mañana a embargar bienes de Puigdemont y los exconsejeros por 6,2 millones

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La magistrada Carmen Lamela empezará mañana a proceder al embargo de bienes de Carles Puigdemont y los 13 exconsejeros del Govern de la Generalitat al vencer este martes, día 7 de noviembre, el plazo para depositar una fianza por responsabilidades civiles por valor de 6,2 millones de euros, operación que, según sus letrados, consultados por ARA, no será afianzada.

La magistrada impuso esta fianza a petición de la Fiscalía General del Estado -que cuantificó el presupuesto previsto por la Generalitat para procesos electorales en 6,2 millones de euros- el pasado 31 de octubre, al admitir la querella a trámite; por tanto, no esperó a tomar declaración a los 14 querellados, citados para el jueves, día 2 de noviembre.

Lamela podía esperar -norma habitual- a oír a los exconsejeros antes de adoptar esta medida de carácter real, una conducta que mantuvo el magistrado instructor de la causa por rebelión en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, al admitir la misma querella contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y otros cinco miembros de la mesa.

Pero la magistrada prefirió adelantarse (https://www.ara.cat/es/Lamela-marca-territorio_0_1898210294.html) marcando territorio, un gesto para dejar constancia, quizá, de que ella ya estaba instruyendo la causa de sedición contra Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes de ANC y Òmnium Cultural, respectivamente, y el exmayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, y la intendente Teresa Laplana.

Durante las declaraciones de los exconsejeros, el pasado jueves, día 2 de noviembre, la magistrada les notificó la fianza de 6,2 millones de euros. Por esta razón, el plazo vence este martes 7 (tres días hábiles a partir del jueves pasado).

Andreu Van den Eynde, letrado del exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, presentó en ese momento un certificado que cuestiona la afirmación de la Fiscalía General del Estado (ver documento). Dicho documento fue expedido por la Intervención General, departament de Vicepresidència, con fecha 31 de octubre de 2017.

La fecha es importante: las finanzas de la Generalitat ya estaban intervenidas, y, por tanto, controladas por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Rosa Vidal Planella, interventora General de la Generalitat de Catalunya, señala que se han contabilizado compromisos de gastos por valor de 25.521,34 euros del total de créditos presupuestarios del programa 132 ‘Organització, gestió i seguiment de processos electorals’, que ascendía a 6.181 millones de euros.

Y, señala, de esa cantidad se han reconocido obligaciones de pago de 19.366,68 euros, según ha sido contabilizado en fecha 9 de junio de 2017.

El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional y nula la disposición por la que se asignaba la partida presupuestaria del programa 132  el 5 de julio de 2017, caso de que se destinaran los fondos a financiar el referéndum del 1 de octubre.

“Es por ello –dice el certificado- que esta Intervención General, a la vista de dicha sentencia, realizó las actuaciones necesarias para el bloqueo de cualquier uso y ejecución de las partidas presupuestarias mencionadas a partir de ese momento”.

Durante la declaración del pasado jueves 2 de noviembre, al notificarse la fianza, el exconsejero de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, expresó espontáneamente, en ausencia de su letrado, Van den Eynde, que no la abonaría. En el acta consta que manifestó que no le daba la gana de aportar la fianza.

Pero el abogado protestó, ya que no había estado presente durante la manifestación de su cliente, y pidió quitar la expresión, lo que no fue aceptado. En cambio, se añadió que Romeva no había querido significar lo que en el acta quedó registrado.

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