El ‘House of Cards’ del 1-O (y 3)

Rate this post

Los 70 escaños y los 2,08 millones de votos obtenidos por los tres partidos independentistas el 21-D, y con ellos, la inevitabilidad de un nuevo gobierno soberanista, y, sobre todo, el protagonismo de Carles Puigdemont desde Bruselas, han modificado radicalmente la instrucción de la causa por rebelión.

La noche del 2 de noviembre, día en el que la magistrada Carmen Lamela, envía a prisión a los exconsejeros del Govern, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, autor de la querella por delitos de rebelión, sedición y malversación, acude al programa Hora 25 de la Cadena SER.

Maza, firmante de la querella de 118 folios, explica que puede alegarse que la comparecencia de los exconsejeros demuestra su voluntad de no escapar a la acción de la justicia, pero también lo contrario, a saber, al tener compañeros en Bruselas y una estructura, si les dejas en libertad, pueden marchar.

Pero, aclara, que para la Fiscalía el riesgo más importante, en línea con la magistrada, es el de la reiteración del delito. Y explica:

-Cómo va la Fiscalía [a no pedir prisión para] unos ciudadanos que declaran y que se niegan a responder a las preguntas del fiscal…El fiscal llevaba unas preguntas sobre si de alguna manera aceptaban ahora, hoy, la vigencia de la Constitución Española en Cataluña, la aplicación del artículo 155…

¿Qué hubiera ocurrido en caso de respuesta positiva?

Maza responde:

-Si hubieran contestado y hubieran dicho que sí, que aceptaban la Constitución, que ya dejaban de estar en la línea de la comisión del delito pues al mejor otra cosa hubiera ocurrido. Nos hubiéramos tenido que fijar en el riesgo de fuga o en otros elementos, pero no el que para nosotros aquí es básico, y es que se vuelvan esa noche a su casa y sigan con la comisión del delito.

El 2 de noviembre, el magistrado Llarena aplaza una semana las declaraciones de Forcadell y los otros cuatro miembros de la Mesa del Parlament al haber sido notificada la querella con menos de veinticuatro horas de anticipación.

“Esto no es la Audiencia Nacional”, anticipa en confianza, el 9 de noviembre, a los letrados de los imputados antes de comenzar la sesión.

Y, ante la aceptación del orden constitucional y el abandono de la unilateralidad, Llarena decreta libertad provisional con fianzas para los cinco.

Llarena se concentra, a partir de entonces, en lo que considera el grupo organizador de la rebelión: Oriol Junqueras, Joaquín Forn, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

Falta, claro, Puigdemont. Llarena decide retirar la euroorden de detención y entrega cursada por Lamela a Bélgica, pero no se olvidará de Puigdemont. Da instrucciones a la Guardia Civil para obtener la mayor información posible sobre la participación de Puidgemont en los hechos. 

Llarena ha sido eximido de ser ponente en otras causas del Supremo, pero la Sala Segunda no puede darle, por escasez de magistrados, un permiso total:  tiene participar como magistrado en la formación de sala para deliberar sobre otros casos.

Con todo, el magistrado va perfilando el auto de procesamiento de Puigdemont con los datos y pruebas que le facilita la Guardia Civil.

Las elecciones del 21-D replantean, en la instrucción del Supremo, la situación: la rebelión sigue viva.

Llarena abandona completamente el criterio expuesto por Maza el 2 de noviembre y aplicado por él mismo en el caso de los miembros de la Mesa del Parlament y otros exconsejeros.

Y refuerza, apoyándose en el panorama post 21-D y el protagonismo de Puigdemont, los argumentos para denegar la libertad a Joaquím Forn y Jordi Sánchez.

“La idelogía de Forn coexiste además con un contexto político en el que no hay certeza de que haya desaparecido la intención de alcanzar la independencia de Cataluña, existiendo todavía sectores que defienden explícitamente que debe conseguirse de manera inmediata y perseverando en el mecanismo de secesión contrario a las normas penales que aquí se enjuicia”, señala.

Y subraya su argumento, apelando a Puigdemont: “Precisamente, esta última actitud es la que sostiene quien otorgó en su día la confianza al señor Forn para que fuera consejero de Interior, que encabezó la lista electoral en la que el investigado decidió integrarse hace escasas semanas”.

Esta idea de la existencia de un cierto estado de excepción en Cataluña a partir del 21-D la vuelve a sugerir al denegar la libertad a Jordi Sánchez.

Lo expresa sin ambages: “No sólo no ha renunciado a la actividad política que -desde diversos frentes- ha servido de instrumento para la ejecución de los hechos sino que ha revalidado su compromiso en una candidatura cuyo líder proclama el objetivo de restablecer la dinámica política que condujo a las actuaciones de las que nacen las responsabilidades que este proceso contempla y que desembocó en la aplicación del artículo 155 de la Constitución”.

La hoja de ruta de Llarena, pues, tomar las nuevas declaraciones pendientes e incoar sumario ordinario (actualmente sigue con las diligencias previas) y dictar los autos de procesamiento con los borradores sobre los que trabaja desde hace varios meses. Una vez que la Sala de Recursos respalde sus autos de procesamiento, Llarena pedirá una nueva euroorden de detención y entrega de Puigdemont y los exconsejeros que permanecen en Bruselas.

Antes tendrá que resolver de manera concluyente si mantiene o rectifica la posición de mantener fuera del Supremo al mayor Josep María Trapero y a Josep María Jové, a quienes la Fiscalía quiere incorporar por ser parte “inescindible” del 1-O.

Anar a la font

Powered by WPeMatico

Translate »